Aprobada en primera discusión la reforma de la Ley Contra el Odio bajo cuestionamientos

La Asamblea Nacional aprobó este martes, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La iniciativa fue impulsada a solicitud del Poder Ejecutivo, encabezado por Delcy Rodríguez, y redactada por una Comisión Especial parlamentaria que preside el diputado Pedro Infante, con el propósito declarado de reorientar el marco legal aprobado en 2017 hacia un enfoque de promoción de la convivencia y el reencuentro nacional.

El cambio de mayor relevancia en la propuesta legislativa se concentra en el régimen sancionatorio. El proyecto contempla la eliminación de las penas privativas de libertad de entre 10 y 20 años de prisión contenidas en el texto vigente, sustituyéndolas por sanciones administrativas y multas calculadas en bolívares, cuyo equivalente se fijará en un rango de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Desde la perspectiva jurídica y periodística, la despenalización de estas conductas representa una inflexión notable respecto al severo carácter punitivo impuesto en 2017. La sustitución de la prisión por penas pecuniarias sugiere una intención de rebajar la tensión institucional y flexibilizar los instrumentos de control legal, alineándose con el discurso oficial que busca proyectar una etapa de apertura política y concertación social.

No obstante, analistas y sectores defensores de derechos humanos advierten que el trasfondo coercitivo no desaparece, sino que se transforma. Aunque se eliminan las penas de cárcel, la imposición de multas cuantiosas —calculadas a tasa de cambio oficial— puede constituir un mecanismo de asfixia económica o censura indirecta para medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanos que expresen disidencia en el debate público.

Asimismo, la efectividad del nuevo enfoque "propositivo y de tolerancia" dependerá de la neutralidad en la aplicación de la norma y de la claridad de sus definiciones. Si los criterios para determinar qué constituye un "mensaje de odio" continúan siendo ambiguos o discrecionales por parte de las autoridades competentes, la reforma corre el riesgo de mantener su efecto disuasivo sobre la libertad de expresión, cambiando únicamente la naturaleza del castigo.

Tras culminar la primera discusión en el pleno, el texto legal ingresará formalmente a la etapa de consulta pública nacional a fin de recibir propuestas de diversos sectores. Una vez concluido este debate ciudadano, la propuesta retornará al hemiciclo para su segunda discusión, instancia en la que la Asamblea Nacional definirá su redacción final, aprobación definitiva y promulgación.

“El miedo se debe sustituir por democracia. Se debe transformar el odio por la convivencia y el respeto”, expresó la dipitada opositora Amelia Belisario.