Nicmer Evans califica de "fraude político" la reforma de la Ley contra el Odio y demanda su anulación inmediata

La propuesta del Ejecutivo nacional para reformar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia no es más que un "lavado de cara" institucional. Así lo sentenció el politólogo y defensor de derechos humanos Nicmer Evans, quien advirtió que cualquier intento de despenalización parcial sin suprimir la norma es insuficiente para proteger a la ciudadanía.

"No se puede hablar de flexibilización cuando el aparato punitivo del Estado sigue intacto", denunció el dirigente, quien ha sufrido en carne propia el peso de este instrumento jurídico tras ser encarcelado en dos oportunidades bajo cargos de presunta instigación al odio.

Para Evans, la misiva enviada por el Gobierno a la Asamblea Nacional para revisar los delitos de opinión busca maquillar internacionalmente el sistema de persecución, pero mantiene vigentes las herramientas de coacción administrativa. El especialista detalló que mientras se debaten figuras de reforma cosmética, los ciudadanos y la disidencia política continúan expuestos a la arbitrariedad, la censura y la asfixia de las libertades fundamentales consagradas en la constitución.