La ONU y América Latina claman por la paz y el respeto del derecho internacional

En una reciente reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la gran mayoría de los países de América Latina, junto con España, expresaron su firme postura a favor de la paz, el respeto de la soberanía nacional y la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la situación en Venezuela.

Brasil, en representación de la comunidad latinoamericana, condenó la intervención armada en Venezuela, señalando que constituye una "flagrante violación" de los principios internacionales. El embajador destacó la necesidad de preservar América Latina como una "zona de paz" y abogó por soluciones respetuosas de la autodeterminación del pueblo venezolano.

Mientras tanto, México reiteró su desaprobación a cualquier acción militar estadounidense, catalogándola como un ataque al multilateralismo y recordando que el uso de la fuerza está prohibido por el derecho internacional. Chile se unió a esta condena, reafirmando el compromiso con la soberanía y la resolución pacífica de controversias.

Cuba calificó las acciones como "agresión imperialista" y clamó a la comunidad internacional a condenar este acto que amenaza la paz regional. El embajador de Panamá, por su parte, expresó su preocupación acerca de las repercusiones en la estabilidad regional, haciendo hincapié en la necesidad de buscar soluciones democráticas y pacíficas.

Nicaragua coincidió en que América Latina debe ser un espacio de paz, mientras que Argentina y Paraguay sostuvieron que las acciones contra el régimen de Nicolás Maduro son necesarias para combatir el narcoterrorismo y restaurar la democracia en la región.

España, finalmente, manifestó una profunda preocupación por la situación en Venezuela, abogando por el respeto a la soberanía y llamando a una cooperación internacional que priorice el diálogo en lugar de medidas militares.

Esta reunión del Consejo subraya la importancia de una respuesta colectiva y pacífica ante la crisis en Venezuela, reafirmando el compromiso de los estados miembros con la no intervención y el respeto al derecho internacional como bases para la convivencia global.