30 de los 33 detenidos en sauna de Valencia fueron liberador bajo cuestionable proceso judicial.

El Tribunal Quinto Municipal de la ciudad de Valencia, admitió este miércoles las acusaciones de la Fiscalía del Ministerio Público contra las 33 personas que fueron detenidos durante un allanamiento en un local privado del estado Carabobo.

La información fue suministrada por el Observatorio 🇻🇪 de Violencias LGBTIQ+, en su cuenta en la red social Twitter, donde apuntaron que 30 de los 33 detenidos saldrán bajo régimen de presentación mientras dure la investigación y los tres restantes, entre los que se encuentran el dueño del establecimiento y dos trabajadores tendrán que presentar fiadores.

La instancia judicial, proceso en su totalidad a los detenidos por supuesto ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica.

Este miércoles, activistas y organizaciones de la Comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, iniciaron una campaña de protesta por la libertad de los 33 detenidos, por considerar la aprensión como una violación a los derechos humanos y “homofobia de estado” por no incurrir en un delito. 

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Carabobo, allanó el pasado domingo el sauna Avalon Club, ubicado en el sector Los Sauces de la ciudad de Valencia, sin una orden legal ni argumentos. 

Detuvo a los ciudadanos y fueron trasladados a la estación policial de Los Guayos. El proceso judicial ha sido irregular desde el inicio. De hecho, activistas y abogados han dejado claro que fuera una orgía o no, esto no implica que exista delito y que la situación busca criminalizar aún más a la comunidad LGBTIQ+. Razones legales hay y en esta nota de El Estímulo se detallan.

“Cualquier persona mayor de edad y con consentimiento libre, informado y que desea tener sexo grupal o individual no está incurriendo en un delito. No se trataba de un espacio público, entonces no atenta contra ningún tipo de artículo en el ordenamiento jurídico nacional. Esto es solo violencia institucional y se muestra de varias maneras: porque no hubo orden de captura ni de allanamiento. Porque no hay motivos legales para mantener a las 33 personas detenidas; y además porque no se les da información a los familiares. Eso es discriminación”, expresó Yendri Velásquez, coordinador del OVVLGBTIQ+ al diario El Estímulo.