José Gregorio Correa: "Nueva Ley de Minas debe priorizar la protección ambiental y el bienestar de jubilados y maestros"

En el marco de la segunda discusión de la Ley de Minas en la Asamblea Nacional, el diputado José Gregorio Correa destacó los avances estructurales del proyecto, pero enfatizó que la normativa será letra muerta si no garantiza la preservación ecológica y un impacto directo en la crisis social que atraviesa el país.

Correa señaló que la ley introduce figuras clave como el Banco Nacional del Dato Geoscientífico Minero y la Superintendencia Minera, órganos que tendrán la responsabilidad de regular la explotación de recursos. "Son dos entes que van a regular la conducta de la explotación minera en Venezuela. Esto es de gran importancia, pero debe ir de la mano con el respeto estricto al entorno", afirmó.

En ese sentido, el parlamentario hizo un llamado urgente a no excluir a las comunidades indígenas del proceso de toma de decisiones, recordándoles como los guardianes originarios del territorio.

"Nuestros aborígenes llegaron primero y saben cómo conservar el ambiente. No podemos permitir un ecocidio ni la devastación de nuestros bosques y montañas por una explotación indiscriminada", advirtió Correa, quien insistió en que la ley debe contemplar sanciones severas para quienes atenten contra el patrimonio natural.

Minería con rostro social

Para Correa, la actualización de la ley es un motivo de celebración siempre y cuando los ingresos generados tengan un destino claro: el sector social. Propuso formalmente que los beneficios provenientes tanto de la minería como del petróleo se dirijan prioritariamente a:

1. Jubilados y pensionados: Para garantizar una vida digna tras años de servicio.
2. Gremio docente: "Los maestros en Venezuela son de los peor pagados; ellos deben ser beneficiados directos de estos recursos", sentenció.

Por último, el diputado José Gregorio Correa defendió un modelo legislativo basado en el entendimiento, asegurando que su voz se alzará para exigir que la consulta pública sea permanente.

"La realidad del territorio la conocen las academias, las universidades y los ambientalistas. A Venezuela se le han destrozado ríos y montañas; eso tiene que parar. La Asamblea tiene la obligación de legislar escuchando a todos los sectores para que el daño ecológico no se permita más", concluyó.

N/P